Mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante la apertura de las fosas de Tetelcingo, Morelos.

Los aquí reunidos somos testigos y actores de un hecho histórico sin precedente que constituye un ejemplo de que el trabajo conjunto entre víctimas, sociedad civil, académicos e instituciones del Estado, puede ayudar a resolver parte de la tragedia de las desapariciones encubiertas en infinidad de fosas clandestinas que se extienden a lo largo y ancho del país, así como hacer justicia a las víctimas de la violencia.

A pesar de la negativa del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de reconocer los derechos más elementales de las víctimas del estado y del país, nos encontramos aquí para exhumar, identificar y dignificar los cuerpos que de manera criminal se inhumaron en esta fosa clandestina, y así aliviar la agonía de decenas de familias que están buscando a sus seres queridos.

Reconocemos la lucha incansable de los familiares y organizaciones de víctimas de más de 30 mil desaparecidos en este país que se hunde en la barbarie.

Reconocemos la labor de los medios de comunicación, en particular de los reporteros, fotógrafos y analistas, que no han dejado de acompañar a los familiares de las víctimas en su exigencia de justicia.

Reconocemos la pronta y expedita resolución que emitió el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Morelos a favor de las víctimas.

Reconocemos también, la voluntad política de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para acompañar esta diligencia.

Lamentamos la denuncia que interpuso la Fiscal Regional Oriente en contra de las víctimas y de sus defensores, a quienes denunció de sabotaje, entre otros delitos. Sobre todo porque hasta este momento la Fiscalía General del Estado de Morelos, no ha cumplido con el compromiso de retirar la denuncia en los términos planteados en la reunión del martes 17 de mayo de 2016 ante la PGR, la CEAV, la CNDH y la CNS.

Lamentamos también que, a pesar de la demanda de los familiares de las víctimas, no se ha procedido para castigar a los responsables de los delitos cometidos en la inhumación clandestina de los cuerpos que se encuentran en estas fosas.

Las fosas de Tetelcingo son una manifestación de la descomposición en la que nos encontramos como sociedad y de la colusión de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia con la delincuencia y el crimen organizado.

El contexto de las fosas de Tetelcingo es francamente desolador. De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años, los índices de criminalidad del país ubican al estado de Morelos entre los cinco primeros lugares.

En este sentido, el periodo de gobierno de Marco Antonio Adame Castillo (octubre 2006 - septiembre 2012), registró 5 mil 745 homicidios, es decir, 79.79 homicidios en promedio por mes; 156 secuestros, es decir, 2.17 secuestros en promedio por mes; y 2 mil 86 violaciones, es decir, 28.97 violaciones en promedio por mes.

Comparativamente, en lo que va del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (octubre 2012 - abril 2016), se registran 3 mil 307 homicidios, es decir, 76.91 homicidios en promedio por mes; 342 secuestros, es decir, 7.95 secuestros en promedio por mes; y mil 515 violaciones, es decir, 35.23 violaciones en promedio por mes.

Es de destacar que en materia de homicidios la variación entre los periodos de Adame Castillo y Ramírez Garrido es de -3.6 por ciento en el actual gobierno, sin considerar los crímenes que se encuentran ocultos en fosas clandestinas. En materia de secuestros, la variación es de 366.35 por ciento más en el actual gobierno; y en materia de violaciones es de 21.60 por ciento más en el actual gobierno.

Los semáforos de delictividad ubican a Morelos en el primer lugar con 5 semáforos con señal roja en delitos de alto impacto.

Según el Índice de Paz 2015, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, Morelos ocupa el lugar 30 de 32, ya que se encuentra en el segundo lugar de violencia, en el tercero de homicidios y en el sexto de delincuencia.

Además, la deuda de Estado en procuración de justicia a las víctimas y a sus familiares no ha sido saldada por la presente administración. De los crímenes cometidos durante esta administración y las anteriores, únicamente se ha iniciado proceso penal en apenas el 3 por ciento de los delitos, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2016.

Esperamos que la opinión pública del estado, del país y del extranjero nos ayude a visibilizar el horror que estamos viviendo en el estado de Morelos. Además, exigimos que el gobierno del estado de Morelos reconozca ante los ciudadanos y la opinión pública esta lacerante realidad.

Esperamos que esta experiencia de trabajo conjunto nos permita diseñar un nuevo modelo de intervención para responder a la búsqueda de las decenas de miles de desaparecidos que pudieran encontrarse en las fosas clandestinas de las que está minado el país. 

Exigimos a la fiscalía y al gobierno que retiren la denuncia en nuestra contra y que el gobierno deje de criminalizar a las víctimas como hasta ahora lo he venido haciendo y desde aquí condenamos las afirmaciones del Comisionado de Seguridad en el sentido de que si las víctimas resbalan no tienen por qué acudir a la autoridad, un señalamiento que hizo en relación con el asesinato de nuestro ex director, profesor y egresado de nuestra Facultad de Derecho, el Lic. Rodolfo García Aragón.

Exigimos se castigue a las autoridades responsables, por acción u omisión, de inhumaciones clandestinas de las víctimas de la violencia, y que nunca más una fiscalía vuelva a hacerlo.

Es evidente que el paradigma de seguridad pública y procuración de justicia, que se ha implementado autoritariamente en nuestro estado, ha fracasado. Es tiempo de construir un paradigma ciudadano de seguridad y de procuración de justicia en Morelos y en México. 

Y desde aquí alzamos nuestra voz en contra de las reformas constitucionales aprobadas por los diputados del Congreso de nuestro estado en donde nos cierran rotundamente y violentan derechos adquiridos en materia de participación ciudadana al cancelar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y retirar la revocación de mandato.

Hacemos responsables al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Morelos de cualquier atentado en contra de los familiares de las víctimas, de sus abogados, de sus peritos, de los representantes de sus organizaciones, de los integrantes de la comunidad universitaria y de los especialistas que están trabajando en esta diligencia. También los hacemos responsables de cualquier cosa que pueda sucederle a nuestras familias y a las familias de todos los defensores de derechos humanos.

Por una humanidad culta

Una Universidad socialmente responsable.

Tetelcingo, Morelos, 23 de mayo de 2016.