A la comunidad universitaria:
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hace las siguientes precisiones en relación a la Réplica del Lic. Benjamín Fuentes Castro, secretario de la Auditoría Superior de la Federación, publicada el pasado 8 de septiembre en la página 22 de la Sección Estados de El Universal, mismas que fueron enviadas a este diario para su publicación:
Es imperativo que en el ejercicio de la función pública, las autoridades se ciñan irreductiblemente al estado de Derecho, porque éste marca límites a las atribuciones y facultades de los órganos gubernamentales, en respeto a las garantías que tutela nuestra Carta Magna; de otra manera, es fácil cometer arbitrariedades en detrimento de la libertad, seguridad y certeza jurídica de los gobernados.
Por lo tanto, el actuar de la Auditoría Superior de la Federación, como órgano gubernamental no debe ser la excepción; sin embargo, al parecer atraviesa por una crisis que vulnera el principio de legalidad, contrario a lo que pregona el Secretario Técnico de ese órgano federal en la réplica publicada el pasado 8 de septiembre, en respuesta a la nota titulada ASF actúa de forma facciosa, acusa rector.
Esto es así, porque no se explica de otra forma, la reiterada insistencia de ese Órgano Superior de Fiscalización de revisar información que corresponde exclusivamente a la operación interna de la Universidad, financiada con recursos propios, cuando carece de competencia para ello, lo que es sumamente preocupante proviniendo de una institución que tiene como una de sus atribuciones, comprobar el cumplimiento del marco legal aplicable en la función administrativa del Gobierno.
Debe acotarse, que la Universidad invariablemente ha dado respuesta al ente fiscalizador, reiterando de manera precisa y apoyada en el marco normativo aplicable y en criterios jurisprudenciales de nuestros más altos tribunales, su falta de competencia legal y la indebida motivación y fundamentación de sus actos de autoridad, sin que haya sido escuchada, sufriendo una intromisión constante al ámbito privado que violenta la seguridad y certeza jurídica que tutela el pacto federal.
Es incomprensible que el órgano Superior de Fiscalización evite reconocer que la Universidad fungió como prestador de servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la considere improcedentemente ejecutora de gasto para sujetarla a fiscalización, cuando esa misma autoridad sostiene que las contrataciones de que fue objeto, se realizaron al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que indubitablemente significa que trata de contratos del derecho privado a los que legalmente no tiene acceso.
No hay que ser experto para deducir que si los convenios auditados son contratos del derecho privado, los pagos que recibió la Universidad constituyen contraprestaciones por los servicios prestados, mismos que por su propia naturaleza pasan a formar parte de su patrimonio propio y no, como inexactamente sostiene la autoridad fiscalizadora, al darles un trato de recursos públicos federales, como si estuvieran etiquetados a la Universidad desde el Presupuesto de Egresos de la Federación o por subsidios federales o por Aportaciones Federales otorgados por las dependencias o entidades contratantes.
Sostener el criterio por demás erróneo de la ASF, implicaría que los pagos recibidos por las personas físicas y morales contratadas por las diversas instancias gubernamentales no pierdan el carácter de federal y que por ello, estén obligadas a rendir cuentas de cómo, cuándo, dónde y en qué ejercen tales dineros, ¿dónde queda entonces el derecho privado?.
Es también inadmisible que sistemáticamente la ASF no le otorgue valor probatorio ni el alcance jurídico que tiene la evidencia documental que acredita en todos los casos, que los servicios prestados fueron recibidos a entera satisfacción por las instancias gubernamentales contratantes y que éstas no hayan interpuesto reproche alguno, en cuanto a la calidad, oportunidad y precio de los entregables recibidos.
Hago la siguiente cita de José Saramago, “... mentira son sólo las exageraciones, los adornos del lenguaje, las medias verdades que quieren pasar por verdades completas.” para advertir que tendenciosamente la ASF no ha informado a la opinión pública, que de las tres multas que aplicó al Rector de la Universidad conforme al informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, a la fecha dos ya fueron declaradas nulas, una por la propia ASF y la otra, por sentencia firme de los Tribunales Federales competentes y, que el Servicio de Administración Tributaria constató durante sendas visitas domiciliarias a la Universidad, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Tampoco se dice que la presentación de las denuncias de hechos pregonadas por el Auditor Superior están inacabadas, son imprecisas y carentes de la suficiente evidencia documental, trasladando su responsabilidad de la adecuada integración de los expedientes al Ministerio Público de la Federación, pero si se duele de la inacción de la representación social federal.
¿Y cómo llamar a la influencia que ejerció la ASF para que el Congreso local ordenara una auditoría especial a la Universidad para fiscalizar entre otros, las operaciones que aquella revisó?
Con lo antes dicho, valdría la pena reflexionar si la ASF está actuando en apego irrestricto a la marco legal o si está abonando a las pugnas políticas a la que se dice ajena.
Por una humanidad culta
Una una Universidad socialmente responsable
Ciudad Universitaria, 14 de septiembre de 2016.
