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Comunicado 28/03/17

A la comunidad universitaria

A la opinión pública

 

En el marco del Día Estatal de las Víctimas y de la exhumación de los cuerpos de la fosa clandestina de Jojutla en la que se han encontrado gravísimas violaciones a los derechos humanos, peores incluso que las encontradas en las fosas clandestinas de Tetelcingo, se presentaron los insólitos incendios de la reserva natural de las inmediaciones de Cuernavaca, que sugieren un posible ecocidio, en razón de los hechos siguientes:

 

1. El pasado 7 de marzo, el Congreso de Morelos, aprobó la iniciativa preferente presentada por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con la que se reformaron diversas disposiciones relativas a la creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. Dichas reformas facultan al Ejecutivo para desincorporar tierras del estado, incluso de propiedad social, para distintos propósitos.

 

2. El 22 de marzo pasado, de manera extraordinaria –ya que en la historia de nuestra entidad no habían ocurrido simultáneamente este tipo de eventos- se presentaron 12 incendios en las zonas norte y poniente de la capital del estado, que afectaron gravemente amplias extensiones de reservas naturales, que son y deben ser patrimonio de los morelenses y de la humanidad, todo ello, según denuncias de organizaciones ecologistas importantes.

 

3.  Al día siguiente, el 23 de marzo, el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, anunció que está listo para “subastar” públicamente las reservas territoriales, particularmente a las inmobiliarias, “para la edificación ordenada de viviendas”.

 

Ante los crímenes de lesa humanidad encontrados en Jojutla, que se suman a los de Tetelcinco, y los posibles ecocidios suscitados en nuestro estado, exigimos:

 

  • Que se atienda la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con las fosas de Tetelcingo, en particular respecto del número y ubicación de todas las fosas que están en posesión de la Fiscalía en Morelos.
  • Que se atienda también la recomendación de la CNDH en el sentido de que deben ser investigados y procesados aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en los crímenes cometidos en las fosas de Tetelcingo.
  • Que esta recomendación debe ampliarse para investigar y procesar también a aquellos funcionarios que están involucrados en los crímenes de las fosas de Jojutla, comenzando por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la entonces alcaldesa de Jojutla, Hortencia Figueroa Peralta, el entonces procurador de justicia, Rodrigo Dorantes Salgado y la entonces coordinadora de Servicios Periciales de la Subprocuraduría de la Región Sur Poniente, Blanca Andrea Vega Vargas, y hasta el último que paleó tierra en ambas fosas.
  • Que se identifiquen y se entreguen los cuerpos de dichas fosas a sus familiares y se les repare conforme a la Ley General de Víctimas.
  • Que no se realice la subasta pública de tierras, anunciada por el gobernador el 23 de marzo pasado, y se repare el hábitat natural provocado por los incendios.
  • Que se revierta el decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos y se resguarde la vocación natural de esas tierras.
  • Que sea cesado el actual secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, por su incapacidad para combatir los incendios, su negativa a recibir los apoyos de otras entidades y por no pronunciarse en contra del decreto.

 

 

Atentamente

 

Por una humanidad culta

 

Académicos especialistas en materia ambiental, 

ambientalistas y defensores de derechos humanos de la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

 

 

Ciudad Universitaria, 27 de marzo de 2017.